Nunca he estado en Dicom. Pero quienes me conocen o han escuchado hablar de mí, saben que mi lucha con este registro data de años. Y es que por mucho tiempo he creído – y lo sigo manteniendo – que este boletín comercial es una verdadera violación al derecho de privacidad de las personas.

Es inaceptable que el derecho de propiedad esté por sobre el de privacidad. Por eso, como diría un connotado comentarista deportivo, me pongo de pie y aplaudo el acuerdo al que llegaron los parlamentarios con la nueva ley de Dicom, que protege a los consumidores y les entrega su legítimo beneficio a guardarse su información financiera.

Muchos especialistas argumentan que con esta nueva normativa, el comercio tiene la excusa perfecta para comenzar a subir las tasas de interés y hacer más difícil el acceso a los créditos, "van a pagar justos por pecadores" dicen. Pero yo les digo, que la solución es más fácil de lo que se cree, cuando hay voluntad de hacer las cosas todo fluye. Basta con que las casas comerciales soliciten sus datos a las personas como requisito para otorgar el crédito, si la persona accede, bien, si no, no obtendrá el préstamo, así de simple.

Mención especial merece el diputado Harboe, que desde 2009, con perseverancia logró lo que muchos hemos peleado por años. Tal fue la envergadura de su campaña que esta normativa fue bautizada como "la primera ley de redes sociales", lo que demuestra la gran aprobación de los chilenos en esta materia.

También hay quienes salen en defensa de las Pymes, diciendo que quedarán "ciegas en materia de información crediticia", pero en estricto rigor esto no será así porque podrán solicitar al cliente sus datos. Esto no es un "borronazo", es una reivindicación debido a que por años se pasó a llevar un derecho fundamental. La deuda no se borra, es el registro. Y me parece una insolencia de parte de alguno que creen que porque la información ya no es pública, las personas simplemente no pagarán. El chileno es y siempre ha sido honesto en este aspecto.

Es como cuando uno postula a un trabajo y le piden el certificado de antecedentes penales. Si quieres postular al cargo, entregas la información, de lo contrario te reservas tu derecho a privacidad. Los datos comerciales siempre debieron ser como el certificado de antecedentes, uno lo entrega cuando le parece pertinente.

La información pertenece a cada persona y no es justo que el comercio haga negocios con nuestros datos, y que más encima tengamos que pagar para salir de esta "lista negra", siendo que jamás pedimos entrar. Los datos históricos de las personas no pueden ser parte de los activos de los bancos.

No es posible que condenemos de por vida a alguien que se atrasó en el pago de sus cuotas porque quedó sin trabajo o porque decidió priorizar la educación de sus hijos o la salud. Tenemos derecho a equivocarnos y como sociedad tenemos el deber de apoyar a quienes han caído, para que vuelvan a levantarse.

¿Cómo se supone que vamos a emprender en una sociedad que condena públicamente el fracaso? No olvidemos que 2012 ha sido bautizado como "el año del emprendimiento", por ende, sumado a las iniciativas para emprender, necesitamos cambio de mentalidad y la nueva ley es un gran paso en ese sentido.

También es inaceptable que nuestros datos comerciales fueran consultados a la hora de solicitar una atención médica de urgencia o cuando postulamos a nuestros hijos a los colegios. Gracias a esta iniciativa, esta práctica quedará en el pasado y al mismo tiempo se resolverá el círculo vicioso de los cesantes que no eran contratados por estar en Dicom.

Aplaudo también que las empresas generadoras del dato publicado en los registros desde ahora tengan sólo tres días contados desde el pago de la deuda para borrar dichas morosidades. Asimismo, celebro que cada uno pueda acceder gratuitamente a su información tres veces al año, para saber quién lo ha consultado, por qué razón y con qué justificación... Así debió haber sido siempre.

Entiendo a quienes defienden su negocio, pero acá se trata de proteger a las personas, sus derechos fundamentales y de no lucrar con ellos. Mis más sinceras felicitaciones a quienes tuvieron que ver con la aprobación de esta ley y a los miles de voluntarios que recolectaron firmas para apoyar la iniciativa.